Bancarrota

Tras la modificación que tuvo lugar en el año 2005 bajo el mandato de George W. Bush, la quiebra estimó como mensaje presidencial que debería considerarse el “último recurso legal”, pues se estima que toda persona que no pueda pagar sus deudas, endosará esa responsabilidad al resto de la sociedad.

Mientras que la regla general de la ley de quiebras contemplaba evitar el pago de las deudas a través de la revisión y aprobación de un tribunal de quiebra especializado, hoy la tendencia está en que las obligaciones se deberán pactar y establecer en cuotas que permitan el cumplimiento de la obligación a la que está comprometido el deudor. Tras la persecución de convertir el sistema financiero en uno más equitativo, quienes tengan un nivel financiero determinado deberán igualmente cumplir con ciertos pagos como los de tarjetas de crédito, facturas médicas y otras obligaciones dependiendo de lo que se contemple en el “plan de quiebra”.

La idea de modificar esta ley fue simplemente evitar la quiebra fraudulenta y ayudar a quienes realmente lo necesitan. La reforma fue aprobada en la cámara baja por 302 votos contra 126, mientras que el Senado lo había aprobado previamente. Si bien es cierto que la declaración de quiebra es posible como lo era antes, se contempla la posibilidad de condonar las obligaciones preexistentes a cambio de la pérdida de propiedades y un registro en el historial crediticio.

Uno de los aspectos debatidos e impuestos por los demócratas, fue el de evitar que esta nueva legislación afectara a las personas que fueron víctimas del robo de identidad, a lo que los republicanos se opusieron y terminó en nada.

El Instituto Americano de Bancarrotas en un estudio publicado mostró que en el año 2004, en Estados Unidos 1 de cada 73 hogares se declaró en bancarrota, por lo que estas reformas inducidas lo que hacen es verificar si quienes arguyen no pueden pagar, realmente están impedidos o sólo es una medida alternativa para extinguir de forma ilícita el deber de cumplir con las obligaciones contraídas válidamente.

Cuando el deudor tiene capacidad de pago de acuerdo a los ingresos que recibe, se impondrá una reestructuración de la deuda y no la condonación de la misma, según lo especifica el capítulo 13 de la comentada reforma, donde el plazo para cumplir con la nueva obligación pactada en cuotas tiene como margen de cumplimiento 3 años. Si se confirma que efectivamente se está ante un caso donde no hay posibilidad de cumplir las obligaciones pendientes de pago, entonces se aplicará el capítulo 7, el que da paso a la llamada “bancarrota legal”.

Cabe recordar que la bancarrota legal permite la extinción de todas las deudas, menos aquellas que se encuentran aseguradas con un bien, sea este mueble o inmueble.

Cambia la realidad de los consumidores en Estados Unidos

Ante la imposibilidad de no poder cumplir con las obligaciones a las que una persona se encuentra obligada, valga la redundancia, es importantísimo conocer la legislación vigente para saber qué se debe y no se debe hacer. Es evidente que una primera fórmula de mantenerse sin problemas es evitar el endeudamiento más allá de la capacidad económica real que se dispone, aunque para aquellos casos es que resulta imposible la prevención hay que estudiar alternativas legales de inmediato.

Antes de declararse en quiebra hay que agotar las instancias, lo primero que se debe hacer es verificar si existe la posibilidad de hipotecar o refinanciar una deuda preexistente, lo que en la mayoría de los casos es más que suficiente para aliviar al deudor.

Los consumidores deberán estar más atentos que nunca a las nuevas políticas bancarias en el uso de tarjetas de crédito, así como también en la concesión de préstamos garantizados patrimonialmente, pues la reforma a la ley de quiebra les dará el beneficio ante cualquier intento de declararse sin capacidad de pago suficiente. El Centro Nacional de Leyes del Consumidor en Estados Unidos señaló que la reforma perjudica a los consumidores respecto de la nueva concesión que se le entregó a las entidades financieras en término de asegurar el pago con nuevas herramientas legales a costa del consumidor, sobre todo en aquellos casos en que los costos operacionales, la publicidad engañosa y las prácticas injustas tienen un solo perjudicado, el consumidor.

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