Manifiesto Internautas
Manifiesto Internautas
Foto cortesía de eneko/20minutos.es

Polémicas cruzadas en torno a la censura de la libertad de expresión, el freno a la democracia en términos de privacidad, elevados costes en la conexión a Internet que superan, con mucho, al resto de países de la Unión Europea.

Una gran polémica por una situación que pone a España –una vez más- a la cola en productividad, innovación, competitividad y democracia.

Eliminación de la piratería digital, bajo el amparo del respeto a la propiedad intelectual

El Gobierno español aprobó el pasado viernes la conocida Ley de economía sostenible incluyendo la Ley Sinde que permite el cierre de portales Web que no cumplan con los derechos de autor por decisión administrativa, aunque para su aprobación se incluye la necesidad de ratificar esta decisión por parte de un juez y la posterior emisión de una orden judicial.

La ley, criticada por asociaciones de consumidores y la fiscalía

Esta ley ha sido considerada anticonstitucional y tanto desde las asociaciones de consumidores y por parte de la propia fiscalía nacional, desde el punto de vista de las normas legales vigentes, no se considera que la propiedad intelectual esté al mismo nivel que los derechos fundamentales

La Ley está lista para ser tramitada a finales del mes de junio en el Parlamento, donde todos los grupos parlamentarios, incluirán las enmiendas que estimen oportunas.

El Consejo General del poder judicial ha alertado sobre el colapso en los juzgados, adicional al que se vive por los efectos colaterales de la morosidad y un desempleo que alcanza el 20%, quienes ya se encuentran en una delicada situación provocada por la crisis económica.

Sentencias en firme contra la Ley

Existe una sentencia en un Tribunal de Barcelona, España, que reconoce la total legalidad de las páginas Web que contienen enlaces para realizar descargas. La sentencia, desestima la demanda de la Sociedad General de Autores ya que considera que los enlaces no están sujetos a la propiedad intelectual.

Concentraciones y protestas contra la Ley

Numerosas asociaciones de usuarios de Internet que han bautizado a la Ley como la "patada en el router", han organizado manifestaciones de protesta que complementan el manifiesto de Internet en contra de la Ley que se realizo el pasado mes de diciembre y que ha sido suscrito por más de 220.000 personas únicamente desde Facebook

España y la censura

La Ley de Economía Sostenible permite al gobierno español, a través de una decisión al margen de los tribunales, la censura y clausura de portales Web por causas de índole menor, como infringir el copyright. Una situación que es vista desde cualquier ámbito, más propia de gobiernos totalitaristas que de un gobierno con base social que ha cumplido 35 años de democracia.

Tras la muerte del General Franco y la llegada de la democracia en 1975, España vivió un proceso de transición que culminó con la firma de la Carta Magna de los derechos de los ciudadanos; la Constitución Española de 1978. Dicho documento ya recoge la libertad de cualquier ciudadano de publicar libremente y sin censura cualquier opinión o visión particular en cualquier medio de comunicación.

Adicionalmente, se prohíbe expresamente, el espionaje de las comunicaciones privadas, por lo que al aprobarse esta ley los artículos 20 y 18 de la Constitución española, serán vulnerados de forma aplastante por el gobierno y poder político español en pos de la defensa del copyright, creando –una vez más- una situación de indefensión de los ciudadanos ante los poderes del estado.

Las razones reales del gobierno

Siempre con esa mirada que lleva implícita la envida del poder hegemónico, España se ampara en las decisiones acometidas por los últimos gobiernos de los Estados Unidos, en pos de la defensa de la industria de los contenidos para vulnerar la Constitución Española y los derechos de los ciudadanos; en esta ocasión castigando a los medios cuyo soporte es Internet, único sector generador de empleo y facilitación del acceso a la formación de calidad que compensa las deficiencias del sistema educativo y el mercado laboral español.

Internet regulado en su esencia

Conviene destacar que Internet se regula en la Ley 56/2007 que recoge la protección a la infancia, la prohibición de realizar apología de actos terroristas o incitar a los mismos y la defensa de los datos de carácter personal y la privacidad.

Sin embargo y a pesar de contar con jurisprudencia suficiente para garantizar que los tres aspectos recogidos en la Ley, pueden ser condenados de forma inmediata, el gobierno español pretende tener libertad para cerrar portales de servicios en Internet basándose únicamente en sus propias decisiones.

Adicionalmente, los juicios celebrados en España en los que se dirimía sobre el cierre de un portal Web por enlaces no lícitos, han sido perdidos por la parte demandante del cierre, basándose en los derechos constitucionales que amparan la libertad de expresión. Es por este motivo que el gobierno español deja al margen a la justicia y se arroga el derecho de proceder al cierre indiscriminado por decisión administrativa, sin que medie decisión judicial.

El canon y el abuso

Establecer un canon o tasa por derechos y pretender cerrar medios de comunicación, son asuntos incompatibles e incongruentes, que ponen de manifiesto el abuso del gobierno y el temor a que industrias innovadores permitan el desarrollo de la sociedad.

La Ley Sinde es por lo tanto un abuso, una aberración que contempla la implantación de un impuesto a Google, amparándose en la protección de los ciudadanos, vulnerando la constitución española y limitando el desarrollo de la sociedad. España se queda atrás con respecto al mundo en el ámbito de la sociedad de la información, el acceso a Internet –un 141% más caro que la media de la Unión Europea. y en la protección de los generadores de contenidos, grandes responsables de la creación de empleo.

La censura en Internet supone un claro castigo para los pequeños empresarios y emprendedores y establece -de nuevo- el abuso del poder, permitiendo la libertad de expresión únicamente a quienes tienen el dinero necesario para pagar por publicar.

Intereses particulares y desprotección social… de la mano de un gobierno socialista, que abusa, miente, manipula, especula y vulnera de forma constante los derechos de los ciudadanos a los que representa con un único fin… enriquecerse.

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