Aumentan los escándalos de corrupción en Argentina

Los medios de comunicación argentinos recogen en los últimos días diversas reacciones que afectan a todos los estratos de la sociedad sobre los casos de corrupción y escuchas ilegales en la nación. La justicia ha llegado a intervenir las escuchas de más de 200 personas solamente durante el último mes, y recientemente el escándalo creció cuando han saltado informaciones que incluso afirman se habrían realizado escuchas ilegales a la propia Jefa de Estado, Cristina Fernández, así como a su marido y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner.

La policía ha sido tocada de lleno e incluso se ha procedido a la detención del antiguo jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, Jorge Palacios, al que acusan de encontrarse tras la mayoría de los casos de escuchas ilegales, todavía no se sabe con qué fin.

Entretanto hay quienes sostienen que la razón de escuchas ilegales se ha perpetrado por parte de algunos de los grupos empresariales más poderosos del país, con el objetivo de encontrar datos y desestabilizar a través de situaciones comprometidas a la clase política gobernante, encabezada por Cristina Fernández. Todo ello debido a diversos casos en los que grupos empresariales que intentaron realizar negocios no obtuvieron los permisos correspondientes por parte de la administración y se vieron obligados a quedarse tras sus competidores.

Los casos saltaron a la luz pública durante el mes de octubre, fue entonces cuando la justicia intervino a Palacios porque descubrieron su posible implicación directa en las escuchas ilegales a personas relacionadas con la mutualista judía AMIA, que más tarde sufrieron atentados. En el año 1994, más de 200 heridos y 85 muertos sucumbieron ante el ataque de unos terroristas anónimos, que ahora empiezan a salir a la luz. A partir de entonces, el antiguo jefe de la Metropolitana se vio obligado por la presión de jueces y de medios de comunicación a renunciar a su cargo y comenzaron las investigaciones sobre hasta qué punto habría personas implicadas en los atentados.

Con su dimisión, Jorge Palacios tenía previsto bajar los humos y hacer que los medios de comunicación dejaran de airear los detalles de las investigaciones. Sin embargo, a partir de aquello, numerosas personas comenzaron a acusarse mutuamente y empezaron a llegar a la policía, cintas con escuchas de conversaciones que afectaban a todos los sectores de la sociedad: desde la policía, pasando por funcionarios relacionados con el sector de gestión de permisos hasta los políticos de más alto nivel.

El gobierno ha puesto trabajar al servicio secreto para recopilar información sobre las escuchas ilegales que apuntan hacia Cristina Fernández y Néstor Kirchner.

La justicia ha explicado ante los medios que los conspiradores del atentado llegaron a tener supuestamente información directa sobre la presidenta del gobierno y su marido. Por el momento, el gobierno también se ha mostrado en interesarse sobre los datos que han ido apareciendo en los documentos y archivos informáticos intervenidos, y ha puesto en pleno funcionamiento al servicio secreto –la Secretaría de Inteligencia– para que confirme todas las informaciones y rumores que van surgiendo sobre el caso, especialmente aquellas que incluyen a la presidenta Cristina Fernández.

El escándalo también ha salpicado al director de uno de los periódicos más importantes de Argentina, Bartolomé Mitre. Recientemente se ha sabido que en los ordenadores de la agencia que controlaba el ex policía Jorge Palacios se encontró información sobre la situación económica, patrimonial y actividades privadas del periodista.

También se ha considerado la posibilidad de que Palacios incurriera en delitos como el abuso de poder, ya que aprovechándose de su puesto de policía pudo tener más facilidad para acceder a datos íntimos sobre diversas personalidades importantes del país.