Detienen a miembros del “gabinete en la sombra” de Pedro Castillo
Según la Fiscalía, la organización criminal tendría una muy bien planificada estrategia para copar los diferentes estamentos del Estado.
Según la Fiscalía, la organización criminal tendría una muy bien planificada estrategia para copar los diferentes estamentos del Estado.
El juez Víctor Zuñiga, a pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, ha ordenado la detención por diez días del llamado “gabinete en la sombra” del presidente Pedro Castillo.
Hasta el momento, los detenidos son: Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León, Eder Vitón Burga. El único que está no habido es Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea..
Todos los mencionados anteriormente son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal.
Según las investigaciones, en la estructura criminal, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero tendrían el rol de financistas y coordinadores de la organización. Marrufo y Vásquez serían los coordinadores. Mientras que Castillo León cumpliría el rol de operador.
Este grupo delictivo habría tenido su origen después de la segunda vuelta electoral del año pasado. Como primer objetivo, tuvieron la captación de dinero desconocido para financiar la campaña del entonces candidato Pedro Castillo y así obtener ganancias ilícitas una vez se obtenga el poder político.
La segunda etapa se habría iniciado ya con Castillo en Palacio, donde se dio el copamiento de instituciones públicas para generar activos ilegales.
En un tercer nivel, de acuerdo a la Fiscalía, destacan los actos colusorios en las contrataciones públicas donde jugó un papel importante el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado.
En una cuarta etapa de los objetivos de este "gabinete en la sombra", estaría la captación de congresistas por intermedio de acuerdos ilícitos como la entrega de direcciones y ministerios a cambio de votos favorables en el Congreso. En el quinto nivel, estaría establecer las redes de protección y encubrimiento.