El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso unánimemente el sábado 26 de febrero por la noche un embargo armado contra Libia, a la vez que refirió a sus líderes al Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, e impuso sanciones económicas y comerciales al coronel Muamar Gadafi y su círculo íntimo, en un esfuerzo por frenar la masacre de civiles libios que ya suman las mil víctimas desde el 15 de febrero cuando empezaron las protestas en contra del actual gobierno.

“Los ataques generalizados y sistemáticos que están tomando lugar en Libia en contra de la población civil constituyen crímenes contra la humanidad” y “aquellos responsables de los ataques” deberán ser encontrados responsables, indicó la resolución. Esta decisión tomada se dio en respuesta a la matanza ocurrida en días previos de manifestantes en contra del régimen de 42 años de Gadafi, quien ha ejercido un gobierno autocrático y nepotista para con el pueblo libio.

Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU del Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos se reunieron por más de ocho horas para discutir la posición a adoptar y tomar en consideración la oposición en el Consejo por parte de varios países de enviar el caso al Tribunal Penal Internacional.

De acuerdo a información proporcionada por diplomáticos y reportada por Wall Street Journal, una carta del embajador de Libia en las Naciones Unidas, quien habría desertado a la oposición, apoyando una investigación por parte del TPI por posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados por el coronel Gadafi y sus correligionarios más cercanos, fue la nota decisiva que permitió el pase de la medida.

Los diplomáticos también manifestaron que las amenazas de investigaciones por crímenes de guerra podrían empujar a algunos cercanos a Gadafi a abandonarlo. “Cuando atrocidades son cometidas contra inocentes, la comunidad internacional debe actual con una voz, y esta noche lo han hecho”, dijo la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Susan Rice. “Al apuntalar al liderazgo no arrepentido de Libia, se envía una clara advertencia que las matanzas deben parar”, agregó la embajadora.

El embargo armado, que entra en efecto inmediatamente, involucra restricciones en importaciones y exportaciones. Dentro de la lista de prohibiciones se encuentran “armamento y municiones, equipamiento y vehículos militares, equipo paramilitar y repuestos”. También se encuentra prohibida la asistencia técnica, entrenamiento y “provisión de personal mercenario armado”.

La resolución exhorta a las naciones a inspeccionar “todo cargo hacia y de Libia, en su territorio, incluyendo puertos marítimos y aeropuertos si existen razones dudosas de creer que el cargamento contiene aprovisionamiento, venta, transferencia o exportación de artículos prohibidos. Cualquier contrabando encontrado deberá ser incautado y destruido, y reportado a la ONU.

Todas las naciones deberán inmediatamente congelar todos los activos en el país de propiedad de los líderes líbanos nombrados en la resolución. Dentro de los nombrados se encuentran el coronel Gadafi y diez miembros de su familia, incluyendo sus hijos Khamis, comandante de la Brigada Khamis; Mohammed Muammar, quien maneja la empresa de telecomunicaciones y correo del país; y su hija Aisha Muammar por “proximidad de asociación con el régimen”.

Las personas incluidas en la lista negra están también sujetas a una prohibición de viaje. Ningún país debería permitir el ingreso a su territorio. El comité considerará algunas excepciones por razones humanitarias, obligaciones religiosas, para aparecer en la corte, o si el viaje es materia de un proceso de reconciliación en Libia, según lo indica la resolución.

Esta es la segunda vez que el Consejo de Seguridad ha referido a un jefe de estado al Tribunal Penal Internacional. En el 2005 el Consejo refirió al ex presidente de Sudán, Omar al-Bashir, al Tribunal para ser acusado de cargos de genocidio y crímenes de guerra.

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