Decisión de apelación de Keiko Fujimori
Foto: Agencia Andina

La audiencia en cuestión empezó a las 9:04 de la mañana y culminó a la 1:30 de la tarde. Durante el tiempo que duró la diligencia, los jueces Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe, oyeron las razones expuestas tanto por el fiscal Rafael Vela como por la abogada defensora de Fujimori, Giuliana Loza quien aseveró:

No hay razón alguna para que siga privada de su libertad. No hay peligro procesal, no hay peligro de fuga, no hay peligro de obstaculización. No existe elemento de convicción válido, sólido, mínimo en grado de sospecha grave, que la vincule a un acto de lavado de activos, menos que la vincule a una supuesta organización criminal.

Por su parte, el fiscal superior Rafael Vela pidió que se ratifique la prisión preventiva contra Keiko Fujimori por estar muy bien fundamentada jurídicamente. Se refirió también a las conversaciones de los parlamentarios fujimoristas en el chat La Botica, sobre las cuales el abogado defensor de algunos de los procesados, Humberto Abanto, manifestó que eran diálogos que solo graficaban una imagen política del momento. Al respecto, el fiscal Vela replicó:

No solamente son expresiones políticas. No es expresión política decir que destruyan al fiscal José Domingo Pérez. No es expresión política decir que blinden al fiscal de la Nación. Esas no son expresiones políticas, son expresiones claras de intromisión en aspectos relacionados con la correcta administración de la justicia.

Una vez culminada la audiencia, el juez Sahuanay explicó que no emitirá una resolución en el plazo estricto que establece la ley, aunque tratará de ajustarse a ella.

El colegiado comunica que no va a poder expedir la resolución en el plazo que establece la ley, en un plazo de 48 horas, pero trataremos de ajustarnos lo más posible al plazo. La resolución la vamos a emitir cuando terminemos la deliberación de los puntos planteados en esta instancia. La decisión será comunicada a los domicilios procesales.

Keiko Fujimori es investigada por el Ministerio Publico por ser la presunta líder de una organización criminal dentro del partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

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