Nicaragua y la reforma de empresas

En cuanto supieron del envío por parte del Ejecutivo a la Asamblea sobre la propuesta legislativa para aumentar el reparto de riqueza a través de un aumento de la presión fiscal a empresas, todos los emprendedores nacionales e incluso extranjeros han lanzado el grito contra los intereses gubernamentales para aumentar los impuestos, lo que situaría a Nicaragua como uno de los destinos menos preferidos para posibles inversores externos.

Con esta nueva reforma, el gobierno presidido por Daniel Ortega pretende lograr un aumento de la recaudación para compensar la caída de los presupuestos por los efectos de la crisis en Nicaragua. Se ha calculado que los ingresos logrados por el Estado, si se aplica la nueva legislación fiscal, equivaldrían a casi un punto porcentual en el Producto Interior Bruto del país.

Algunas empresas extranjeras, como la poderosa cadena de supermercados estadounidense Wal-Mart, ya han anunciado que cesaría de invertir en Nicaragua si el gobierno de Ortega decide finalmente implantar la nueva reforma fiscal. Numerosos empresarios nacionales han aplaudido la amenaza de la cadena y se han sumado a las protestas contra el gobierno argumentando que en tiempos de crisis no pueden hacer frente a más impuestos, cuando ni siquiera, a veces, son capaces de sacar adelante a las empresas en condiciones óptimas.

Algunos miembros de la oposición denunciaron ante los medios que en conversaciones privadas con simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional -partido de Daniel Ortega-, se les amenazó con la nacionalización de recursos como la producción de frutas y vegetales en el caso de que las empresas no asuman los nuevos pagos impositivos. Por parte del FSLN se tildó de "disparate" las acusaciones de los opositores y descartaron por completo cualquier medida que vaya en ese rumbo.

Por parte de la patronal, ya ha comenzado la campaña de responsabilizar al gobierno de Ortega por el cierre de empresas medianas y pequeñas, con el consiguiente aumento del paro. Por parte del opositor Eduardo Montealegre, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), se aseguró que con la nueva reforma fiscal las empresas estarían pagando un 75 por ciento de impuestos sobre ganancias aparte del resto de cargas que deben de soportar.

Desde los representantes del FSLN, la respuesta fue que esas acusaciones no son más que mentiras para atemorizar a la población y lograr así un rechazo popular, beneficiando a los intereses de la patronal. Los simpatizantes del gobierno aseguraron conocer la situación del sector empresarial en Nicaragua, y por ello ven factible el aumento de la presión fiscal para contribuir a un mayor reparto de riqueza nacional.

La oposición conservadora y liberal se ha unido para advertir, ante los medios de comunicación, sobre las posibles consecuencias de esta reforma. Para ellos, se estaría poniendo en peligro la continuidad de más de 2.000 puestos de trabajo, sin contar con las pérdidas por la falta de inversión y desconfianza de empresas llegadas del exterior. Para ellos, la principal prioridad del gobierno sandinista no debería ser aumentar la presión sino reducir, incluso más, el Impuesto Mínimo, que ya aceptó el gobierno a lo largo del 2009 bajar del 3 al 1 porcentual.

Entretanto los diputados más radicales del FSLN se felicitan por el apoyo recibido por parte de las altas esferas del gobierno sandinista y ya preparan nuevas reformas consideradas por ellos urgentes y necesarias, como el aumento del salario mínimo a partir de mediados del próximo año 2010.