Guerra anunciada

Finalmente, luego de 16 meses de gobierno, el Ejecutivo lanzó contra el Congreso la primera bomba disfrazada de cuestión de confianza. El Gobierno presentó este recurso con el fin de derogar la Ley 31399 que regula el derecho de referéndum cuando se trata de reformas constitucionales.

En su discurso, el premier Aníbal Torres enfatizó que su propuesta no tiene por intención cerrar el Congreso de la República. Pero es difícil creerle a un régimen que ha hecho de la mentira y el cinismo su divisa.

Aún se recuerda cuando negaron estar detrás de la convocatoria a una Asamblea Constituyente apenas asumieron el cargo y hoy, siguiendo el mal ejemplo del expresidente Martín Vizcarra, vuelven a poner sobre la mesa tan cuestionada medida. Porque, aunque lo nieguen en todos los idiomas, el fin último que persigue toda esta estrategia gobiernista es el cierre del Congreso para implantar una Asamblea Constituyente que les permita hacer y deshacer a su antojo; tal como se los demostró su jefe Vladimir Cerrón cuando fue gobernador de Junín.

La cuestión es que ahora las cosas han cambiado y el camino ya no es tan fácil como en 2019. Ya no existe la figura de la negación fáctica y el Ejecutivo se verá obligado a forzar alguna otra estrategia para darle sentido a un sinsentido.

Opiniones

Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? El constitucionalista Erick Urbina sostuvo que la Ley 31355 impide que el Ejecutivo interprete la decisión del Congreso. Si Torres lo hace, estaría infringiendo la Constitución. En ese sentido, el Gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional con muchas posibilidades de que este le dé la razón al Legislativo porque ya se ha pronunciado al respecto anteriormente.

Por su parte, la constitucionalista Beatriz Ramírez advirtió que gracias a la Ley 31355, el Congreso tiene toda la potestad de decidir si la materia de una cuestión de confianza es competencia del Ejecutivo o Legislativo. En ese sentido, es también el Congreso quien interpreta si la confianza ha sido rehusada o no. Por tal motivo, considera que el Parlamento optará por declarar el pedido como improcedente.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi también coincide en que es muy difícil que la confianza prospere y cree que todo no es más que una estrategia en la que Torres dará por negada la confianza así esta sea declarada improcedente.

En ese sentido, presentará su renuncia y Pedro Castillo le seguirá el juego nombrando a otro gabinete, tal vez más conflictivo que el propio Torres con el fin de buscar que el Congreso le rechace una segunda cuestion de confianza para de esta manera cerrar el Parlamento y construir uno a su medida.