Escándalo de corrupción en Colombia

El escándalo saltaba a todos los medios de comunicación nacionales cuando ochenta y siete funcionarios del Ministerio de Agricultura fueron llamados por la fiscalía para declarar sobre un supuesto caso de corrupción que habría beneficiado a numerosos terratenientes a la hora de recibir fondos, tierras o privilegios por parte del ministerio.

El fiscal acusa a numerosos altos funcionarios del ministerio de estar detrás de las millonarias ayudas otorgadas a algunos de los más poderosos terratenientes colombianos. Algunos de ellos han sido también llamados a declarar ante la Fiscalía para informar sobre qué trámites tuvieron que realizar y qué tipo de informes e información se les pidió a la hora de recibir las ayudas gubernamentales.

Los que no consigan justificar que tuvieron que realizar algunos trámites legales imprescindibles además de adaptar sus tierras según la legislación vigente podrían llegar a ser procesados, teniendo que hacer frente a importantes multas e incluso penas de prisión. Todos los citados se presentarán con abogados y entre ellos se encuentran algunos miembros de las familias de la zona costera del país, habituales entre los círculos empresariales que financian las campañas del partido del presidente Álvaro Uribe.

La justicia comenzó a investigar los procesos de concesión de ayudas cuando descubrió una faltante de más de 500 millones en las arcas públicas. En total se calcula que algunas de las familias más influyentes de la zona costera podrían haber llegado recibir subsidios que ascienden hasta los 3.000 millones.

En total más de cuarenta personas que han sido llamadas a dar explicaciones ante la Fiscalía podrían haber recibido ayudas fraudulentas por parte del Ministerio de Agricultura. Para haberse podido llevar a cabo semejante operación ilícita, está claro según el fiscal que también se vieron envueltos en el proceso numerosos funcionarios de todo tipo para ocultar los datos, lavar el dinero y enviarlo a determinadas personas que luego se encargaban de realizar los repartos.

La mayoría de los beneficiados por estas ayudas pertenecen al departamento de Magadalena. También se ha denunciado que en las listas de personas beneficiadas por el fraude aparecen numerosos nombres de ex paramilitares de la ultraderecha e incluso narcotraficantes a los que la oposición acusa de haber financiado las campañas electorales de Álvaro Uribe. Según ellos, gracias a esa financiación habrían obtenido su "recompensa" a partir de estas ayudas ilícitas.

Algunos medios de comunicación ya habían denunciado en la segunda mitad del 2009 que determinadas familias pudientes dentro del ámbito agrícola estaban colaborando en un proceso fraudulento para conseguir sacar dinero del Ministerio de Agricultura, sin embargo, la justicia no confirmó los rumores hasta que la Fiscalía se ha decidido por tomar cartas en el asunto y empezar a tomar declaración a posibles imputados.

En un principio el gobierno declaró que todo se había ajustado a la legalidad, aunque más tarde los investigadores desvelaron que determinadas personas habían recurrido a acciones ilícitas para conseguir recibir más ayudas de las establecidas. La lista comenzó a ampliarse según se dirigían hacia la zona costera, donde ya se hizo amplia.

En el Senado la oposición sometió al ministro de Agricultura, Andrés Fernández, a una moción de censura cargada de polémicas declaraciones. Sin embargo consiguió seguir manteniendo su cargo al recabar los apoyos necesarios. La oposición denuncia que el gobierno de Uribe no ha tomado ninguna medida de castigo contra Fernández, al que acusan estar detrás de todo el entramado de corrupción. Por parte del gobierno se limitaron a declarar a los medios que recurrirán las posibles ayudas otorgadas de forma irregular.