Más problemas para Zelaya en Honduras

La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha ratificado los rumores que circulaban por todo el país centroamericano y que apuntaban a que Manuel Zelaya, el derrocado presidente electo del país, no podría presentarse a las próximas elecciones. El tribunal además aseguró que no será restituido en principio debido a que tiene juicios pendientes de celebrarse.

Para la Corte Suprema no hay nada que hablar sobre el asunto de la restitución o la vuelta de Zelaya al poder y han confirmado que, si se da el caso de vuelta al territorio nacional, el presidente derrocado será arrestado sin más miramientos.

Muchos ven en esta noticia de la justicia hondureña un respaldo claro al gobierno de Roberto Micheletti, que en las últimas semanas debido a las presiones internacionales y al aislamiento al que había sido sometido, se tambaleaba y amenazaba con caer por sí solo. Con este nuevo apoyo, Micheletti puede respirar tranquilo por el momento.

Por parte de los organismos externos, tanto los países vecinos como la propia Organización de Estados Americanos han vuelto a instar ante los medios a Micheletti para que acepte la propuesta de Arias como intermediador en las negociaciones previas a la vuelta de Zelaya al país.

Los partidarios del presidente derrocado argumentan que la decisión tomada por la Corte Suprema carece de legitimidad alguna, ya que ésta ha sido tomada y controlada por los golpistas, al igual que el ejército del país.

Lo cierto es que numerosos jueces participaron en los días previos a las conspiraciones y acuerdos en la sombra que se realizaron con intención de derrocar el gobierno de Manuel Zelaya, y muchos de ellos son los mismos que durante los últimos días han sido encargados de ratificar la postura del gobierno de Micheletti evitando la vuelta pacífica del ex presidente a territorio hondureño argumentando que todavía tiene algunos juicios pendientes. Los mismos cargos recuerdan las asociaciones civiles, que los golpistas le han atribuido desde su derrocamiento, son ahora los que los jueces han confirmado.

Para la Corte, el ex presidente Zelaya debe de compadecer ante la justicia por las acusaciones a las que la Fiscalía General de la República le ha llevado. Argumentan que ningún ciudadano puede saltarse los procedimientos legales y que por lo tanto deberá de ser detenido y llevado ante los jueces para decidir sobre su implicación en los cargos delictivos que se le atribuyen antes de poder volver a presentarse a nuevos comicios electorales o retomar su puesto como político.

La Fiscalía acusó a Manuel Zelaya de algunos delitos relacionados con la convocatoria ilegal de consultas populares para la Asamblea Constituyente en el mes de junio de 2009, un asunto que comenzó a levantar las mayores polémicas políticas de los últimos años en Honduras. Fue entonces, cuando los miembros de la oposición conservadora y liberal proclamaron que el único interés de Zelaya era modificar la Constitución para instaurar un gobierno de socialismo al estilo de Hugo Chávez en Venezuela, para conseguir permanecer en el poder por tiempo indefinido e ir suprimiendo a los opositores mientras comenzaba a intervenir en los latifundios y la propiedad privada de altos empresarios del país.

La Corte Suprema de Honduras ha exigido a la Comunidad Internacional que deje de intervenir en el conflicto que atañe a los golpistas y partidarios de Zelaya, y para ello se acoge a algunos documentos de las Naciones Unidas justificando su voluntad de que nadie interfiera en la soberanía nacional de los Estados.