El martes 20 de abril, a las 10 horas de Uruguay y Argentina, 15 horas en Holanda, la Corte Internacional de la Haya dio su fallo en el litigio por el tema de “las papeleras” que Argentina le entablara a Uruguay en mayo de 2006. El presidente a cargo de la Corte, Peter Tomka, leyó durante dos horas y media, en francés e inglés de forma alternada, el veredicto que es de carácter inapelable.

Meses atrás, el entonces embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer expresaba que esto no sería como un partido de fútbol, en donde gana uno o pierde otro. Y es lo que sucedió. La delegación uruguaya quedó conforme y la argentina, también; cada una haciendo sus propias lecturas y sintiéndose airosa de esta instancia. Es el fin judicial de un conflicto que el sistema político no supo solucionar y que con este fallo, inexorablemente, nuevamente es el mismo sistema político quien debe volver a tomar las riendas para resolverlo. Pues es una resolución netamente salomónica la de la Corte, es la clase política la que debe estar ahora a la altura de las circunstancias para encausar el asunto. Nunca debió de haberse alejado como sucedió, haciendo política electoral por el lado argentino y exacerbando los ánimos por el lado uruguayo.

Lo realmente trascendente en el fallo de la Corte es que se dejó en claro que la planta de celulosa no contamina y que Uruguay no cumplió al no brindar la información debida a la Argentina.

En lo referido a la violación del Tratado del río Uruguay, denunciado por Argentina, también fue compartido: Uruguay incumplió los artículos 7 y 12; y en los artículos 36 y 41 se reconoció que fueron cumplidos. Pero, asimismo, la Corte expresó que no puede afirmar que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay. Este compromiso fue firmado en 1974 por el Presidente Juan D. Perón y el Presidente de facto uruguayo (recientemente encarcelado por atentado a la constitución) Juan María Bordaberry.

Se consideró que no es necesaria la re localización de la planta y que al no contaminar puede seguir funcionando. Los niveles de contaminación están muy por debajo de los niveles máximos permitidos. Y se observó que al no brindarse la información debida, se estuvo en falta al aprobarse en 2005 primeramente la construcción de la planta y luego el puerto de ultramar. Pero es sólo eso, una observación.

Quedó constancia de que Botnia realizó estudios de impacto ambiental, analizando cuatro posibles lugares en Uruguay, y se determinó que el lugar actual era el indicado.

Todos los demás reclamos de ambas partes, indemnizaciones económicas, desbloqueos de puentes, etc, fueron desestimados contundentemente por unanimidad.

Uruguay había recurrido en el 2005 al tribunal del MERCOSUR, pero Argentina respondió enérgicamente que éste no debía expedirse pues era un conflicto binacional y recurrió ante el Trinbunal de la Corte Internacional de la Haya. El bloqueo por parte de los piqueteros de los accesos al puente San Martín perjudicó seriamente a Uruguay, siendo el departamento de Río Negro el más afectado por los altos índices de desocupación que dejó.

Alegaban que no dejarían el corte hasta que la papelera se traslade. Los piqueteros inicialmente contaron con el activo apoyo de Greenpeace, pero al poco tiempo la reconocida organización ambientalista se alejó molesta sintiéndose utilizada, ya que el bloqueo del puente tenía más connotación política que otra cosa. El fallo establece que la planta seguirá funcionando y nada hizo referencia al corte del puente, por tanto dependerá de la buena voluntad y cintura que tengan ambos gobernantes para salir adelante en este conflicto que presenta ribetes entre lo absurdo y politiquero.

Por otro lado, queda la sensación que Uruguay tuvo la certeza de haber elegido a una empresa seria; ya que en lo que refiere a la parte gubernamental se equivocó en todos los pasos. Los sucesivos gobiernos uruguayos, más allá de que hicieron los controles ambientales, no siguieron ninguno de los pasos de información hacia su país vecino con quien comparte el río. De esta forma, es que efectivamente se puede deducir que tuvo la fortuna de escoger una buena empresa, ya que es claro que Botnia no contamina.

Queda la esperanza abierta en el buen relacionamiento que existe actualmente entre ambos presidentes, Cristina Fernández de Argentina y José Mujica de Uruguay, quienes se han reunido en varias ocasiones, incluso antes de Mujica ser presidente.

La Corte Internacional de Justicia fue creada en 1945 para dirimir conflictos internacionales entre distintos países que estén en sus estatutos. En los mismos están todos los países integrantes de las Naciones Unidas, más Naurú. Los fallos son de carácter inapelables. Los países no están obligados a cumplirlos, aunque de no hacerlo no pueden someterse más a este tribunal.

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