Se siente la crisis en España

La crisis económica mundial que comenzó a hacerse notar en 2007 y se instaló definitivamente a mediados del 2008 se ha hecho notar en España de una forma más visceral y destructiva que en muchas otras naciones.

A la bajada de operaciones e inversiones a nivel mundial en los mercados, en el país ibérico hay que sumar el hándicap de tener uno de las peores balanzas de mercado a nivel global, con un déficit exterior que prácticamente dobla al de los Estados Unidos.

Además, en España se ha dado la situación del colapso del modelo de crecimiento basado en la construcción, impulsado a partir de 1996 por gobiernos de la actual oposición y mantenido también por el actual gobierno socialista desde que asumió el poder en 2004.

Como consecuencia de ello, a día de hoy los datos de paro a nivel nacional alcanzan cifras superiores al 18% de la población activa, consolidando así la idea de que el país está atravesando la mayor crisis desde el restablecimiento de la democracia.

En este escenario, rápidamente los agentes sociales han comenzado a hacer propuestas muy diversas para salir de la crisis, sin embargo ha sido hasta el momento imposible alcanzar acuerdos, sobre todo entre patronal y sindicatos, que mantienen posturas muy enfrentadas respecto a qué modelo de mercado laboral aplicar para salir de la crisis y retomar la senda del crecimiento.

Desde la patronal se exige una reforma profunda del mercado laboral, que pasa por liberalizar los modelos de contratos, ya que según ellos de esa forma se lograría reducir la alta tasa de temporalidad en España y generar más empleo de carácter indefinido, además se aboga por una reducción en la presión fiscal, ya que según explican, solamente de esa forma se puede promover la inversión privada y el mantenimiento de nuevas empresas.

Por parte de los representantes de trabajadores, se insiste en remarcar que la crisis actual no ha sido generada por ellos, y que si se accede a las pretensiones de la patronal únicamente se agravaría el impacto de la crisis en España. Para ellos debe ser el Estado el que tome las riendas de la recuperación económica, impulsando inversiones públicas y una reforma del sistema fiscal que haga que quienes más dinero ingresan paguen más a las arcas públicas.

Ante todo este panorama, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero asumió desde el primer momento como prioridad garantizar que la liquidez no se estancara en el país, por ello impulsó la creación de un fondo para entidades financieras, con un límite de gasto de 90.000 millones de euros (más de 125.000 millones de dólares). Con este fondo se garantizó la estabilidad y solvencia de los bancos y cajas de ahorro españoles, evitando así que los ciudadanos e inversores, al desconfiar, retiren su dinero y sitúen a la banca en una situación crítica. Además de ello, el gobierno intentaba así que las entidades financieras siguieran dando créditos sobre todo a familias y PYMES (pequeñas y medianas empresas), que atraviesan la peor situación desde los comienzos de la crisis.

Una vez puesto en marcha el fondo para la banca privada, el siguiente pasó que llevó a cabo el ejecutivo de Zapatero fue la creación de un Plan Económico para la creación e impulso del empleo, conocido como Plan E, en el que invirtió en una primera fase 8.000 millones de euros (más de 10.000 millones de dólares) y en la segunda fase en el otoño del 2009 unos 5.000 millones. Con este plan el gobierno consiguió amortiguar la destrucción de empleo, sin embargo las cifras de parados no dejaron de incrementarse, y es que según los expertos en España el colapso de la construcción ha dejado sin empleo a aproximadamente dos millones y medio de ciudadanos, y no hay ningún sector de mercado que pueda absorber por ahora tal cantidad de trabajadores.

El gobierno también acordó con los principales partidos de con los partidos de izquierda del Parlamento una ayuda para los desempleados de larga duración, aquellos que ya no podían seguir cobrando ninguna prestación, que en total asciende a 420 euros al mes (unos 600 dólares).

Una de las medidas llevadas a cabo por Zapatero y que más críticas ha levantado entre la oposición ha sido el incremento de los impuestos, sobre todo el IVA (Impuesto del Valor Añadido), que subirá en 2010 del 16 por ciento actual al 18 por ciento, además de la supresión de la deducción de 400 euros. El gobierno se defendió afirmando que las circunstancias que provocaron la creación de esa deducción (petróleo y Euribor altos además de inflación) han desaparecido y por ello ya no es necesaria.

Para muchos expertos, la subida del tipo general y reducido del IVA además de la supresión de la deducción puede perjudicar aún más la economía de las familias y pequeñas empresas, ralentizando así la reactivación del consumo y profundizando más en la crisis.