Elecciones presidenciales de Venezuela auguran un deterioro político y económico para la nación

Las elecciones presidenciales de Venezuela se realizan de forma habitual dos meses antes del término del mandato en curso. En esta ocasión, y por solicitud de la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se llevaron a cabo con casi 8 meses de anticipación.

Los comicios se adelantaron luego de haber culminado la oleada de protestas que originaría una serie de debates en distintos organismos internacionales como la OEA, Grupo de Lima, Unión Europea y hasta el parlamento norteamericano. Y muy a pesar que la comunidad internacional fijara posición con respecto a las recientes elecciones, el gobierno de Venezuela hizo caso omiso a las exigencias de garantizar las condiciones mínimas para una elección libre y continuó con la fecha pautada.

Sin importar el resultado derivado de dichas elecciones, países como Estados Unidos, Canadá, los asociados al Mercosur y la Unión Europea, habían alertado que desconocerían los resultados, ya que tanto la campaña electoral como el clima general de la nación suramericana no eran los ideales para llevar a cabo tan importante evento.

Los principales candidatos de oposición fueron inhabilitados políticamente, por lo que la población venezolana no manifestó su intención de participar en las votaciones. Según las encuestas, la abstención superaría el 50%, y luego de conocer los resultados de la elección, esta cifra se confirmaría. La participación total fue de apenas el 46% de todo el padrón electoral, de acuerdo con cifras oficiales.

Consecuencias internacionales

Apenas 12 horas después de haber hecho públicos los resultados que daban como ganador a Nicolás Maduro para el periodo presidencial 2019-2024, comenzaron los pronunciamientos de los países que ya habían alertado sobre sus futuras acciones. El Grupo de Lima en pleno llamó a consulta a todos sus embajadores con la intención de reducir las relaciones diplomáticas con Venezuela.

La cancillería colombiana, a través de su Ministra de Relaciones Exteriores María Holguín, manifestó desconocer de forma expresa los resultados y la reelección de Maduro, alineando su discurso con el del resto de países, tras considerar que no se dieron las condiciones mínimas para tal elección.

Desde Washington se escucharon las primeras sanciones económicas; tomaron la decisión de congelar activos venezolanos para evitar que fueran liquidados, así como el cobro de cuentas pendientes. Estados Unidos indicó que ese dinero haría falta para la posterior reconstrucción económica de Venezuela. Las declaraciones provinieron del Departamento del Tesoro, así como del vicepresidente Mike Pence y el presidente Donald Trump. Este último, a través de un comunicado notificó la firma de una orden ejecutiva donde se le prohíbe a cualquier persona o empresa norteamericana adquirir bonos o deudas venezolanas, así como hacer negociaciones en las cuales el gobierno de Venezuela tenga un 50% o más de participación accionaria. Dicha acción repercute directamente sobre Citgo y filiales asociadas a la venta de crudo.

Europa, por su parte, evalúa la posibilidad de ampliar las sanciones selectivas que ya venían aplicando sobre los jerarcas del gobierno venezolano. A raíz de las elecciones, se ha formado una coalición internacional para frenar el talante totalitario de Nicolás Maduro y su gabinete.

En total son más de 50 países los que desconocen los resultados de la elección presidencial, sin contar el casi 60% de la población venezolana que se abstuvo de participar en las elecciones por las mismas causas: una campaña turbia y ventajismo demostrado por el gobierno venezolano, el pago de bonos por la participación de cada ciudadano en los comicios, el traslado de electores en vehículos oficiales, la presión sobre los empleados de la administración pública, las amenazas de despido o remoción de beneficios, entre otras acciones debidamente comprobadas.

Venezuela luego de la reelección de Maduro

La Asamblea Nacional debatió en el parlamento los resultados obtenidos en la elección del 20 de mayo y concluyeron la sesión con la firma de un acuerdo en rechazo de las cifras obtenidas, así como del proceso en general.

Aún faltan ocho meses para que se renueve el período presidencial de Nicolás Maduro y las sanciones económicas prometidas por las potencias como Estado Unidos y la Unión Europea dificultan el panorama y la gobernabilidad por el tiempo que resta.

Dirigentes políticos del gobierno, como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, manifestaron en alocuciones recientes que no le dan peso a las decisiones que puedan tomar coaliciones como el Grupo de Lima o la Unión Europea, ya que dicen contar con el respaldo de la población venezolana, aunque las encuestas demuestren lo contrario.

Venezuela enfrenta la peor crisis económica de su historia con una inflación que alcanza el 13.000%, según información confirmada por el Fondo Monetario Internacional, aunado a problemas por una infraestructura de servicios públicos colapsada, así como el deterioro de las instituciones públicas y la falta de credibilidad de poderes autónomos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.

La presión internacional y sanciones venideras dificultan las maniobras del gobierno de Maduro y crean un cerco económico que hará que la cúpula gobernante busque alternativas de la mano de Rusia y China, países que a su vez ya se pronunciaron en reconocimiento de la validez de las elecciones ocurrida el 20 de mayo.

La OEA, en la persona de Luis Almagro como su secretario general, manifestó que aumentarán los esfuerzos para lograr una transición en Venezuela que permita que sus ciudadanos puedan expresarse libremente al escoger sus mandatarios. Almagro ha catalogado al gobierno de Maduro como una dictadura totalitaria que debe ser confrontada.