Víctimas de la dictadura uruguaya
Desaparecidos durante la dictadura militar uruguaya - Foto cortesía de Libertinus
¿Y donde están los responsables Presidente Mujica?

En plena luna de miel con la oposición, Mujica propuso iniciativas contrarias a los principios del Frente Amplio. Las críticas internas lo obligaron a desistir de liberar a cuatro represores, pero no de su preocupación por integrar a las Fuerzas Armadas en la sociedad.

Mientras la coalición de izquierda avanzaba en una iniciativa para eliminar la ley de Caducidad, el presidente Mujica propuso liberar a los militares recluidos por su responsabilidad en crímenes cometidos durante la dictadura. El pronunciamiento de referentes de todos los sectores del Frente Amplio -con excepción del MPP y la CAP-L- obligaron a Mujica a dar marcha atrás. La decisión de desistir del proyecto fue comunicada por el Presidente en la reunión mantenida el martes último con los diputados del partido de gobierno. Su esposa, Lucía Topolansky, había planteado en una entrevista a una radio de Maldonado, la posibilidad de liberar a presos mayores de 70 años. En ese momento, la legisladora y ex tupamara atribuyó a una errada interpretación periodística, la conclusión de que buscaba excarcelar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

La insistencia del Presidente de la República vino a poner las cosas en su lugar. Mujica ya había señalado, antes de la campaña electoral, que lo importante no era tener “a unos militares viejitos en la cárcel, sino averiguar la verdad sobre el paradero de los desaparecidos”.

Para entreverar más el asunto -o para disimular sus verdaderas intenciones- el ex tupamaro se refirió a la necesidad de descongestionar las cárceles, brindando herramientas legales a los jueces para que puedan disponer la prisión domiciliaria para reclusos mayores de 70 años. En realidad los magistrados ya cuentan con esa posibilidad, pero la legislación excluye del beneficio a quienes hayan cometido homicidios agravados y a los que sean responsables de delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es decir, los de lesa humanidad por los cuales están encarcelados Gavazzo y otros a quienes Mujica buscó beneficiar.

La intención de incluir a los represores de la dictadura ya explica la iniciativa presidencial de modificar las leyes vigentes, aunque Mujica jugó con la ambigüedad y evitó decirlo claramente.
Poniendo en el centro del debate público un asunto que él mismo admitía que no era urgente, Mujica relegó a un segundo plano un tema que sí es acuciante, la necesidad de construir más cárceles y remodelar las existentes. Se opone a cualquier perspectiva progresista en esta materia, limitar el problema de la superpoblación carcelaria a la necesidad de excarcelar a los presos veteranos y a los enfermos -posibilidad ya contemplada en la legislación-. Menos aún se compadece con una visión de izquierda, permitirles regresar a sus hogares a los militares represores, abandonando sus ya de por sí lujosas celdas.

Si fueron razones humanitarias las que inspiran a Mujica, hay muchos reclusos que deberían ser acreedores del beneficio de la liberación, como aquellos confinados en condiciones infrahumanas por delitos menores. No se trata de someter a los represores a los mismos vejámenes que ellos perpetraron, sino de que éstos reciban un castigo ejemplarizante. Tampoco los militares han tenido una actitud de colaboración con el esclarecimiento de los crímenes que perpetraron, ni han mostrado arrepentimiento alguno. Al contrario, han reivindicado su actuación y denigrado a las víctimas, y a cuarenta años de los hechos ni siquiera han aportado información que permita a los familiares reunirse con los restos de los muertos.

¿Ejército para qué?

En su audición radial, Mujica opinó que es un error responsabilizar a las Fuerzas Armadas de hoy por cosas que pasaron hace muchos años porque: “Con esta actitud se deja al costado, como despreciados, a los cuerpos armados como un perro peligroso atado en el fondo al que no queremos mirar mucho. Sin embargo, está integrado por hombres de pueblo que tienen la tarea de llevar las armas del país. Hay que tener cuerpos armados comprometidos con las transformaciones de la sociedad. Hay que trabajar mucho por esos procesos para los momentos críticos donde no hay que dejar que la sociedad pierda la cabeza. Allí los cuerpos armados cumplen una posición gravitante en un país para bien o para mal. Los soldados no tienen que dejar de ser cuidadnos, así como en una sociedad se precisan médicos, también necesitamos gente armada porque a veces el peor enemigo del hombre es el hombre”, indicó.

El propósito del encuentro del martes pasado, según el coordinador de la bancada oficialista Aníbal Pereira, fue establecer una “estrategia de largo plazo” para mejorar la relación con las Fuerzas Armadas, de manera de facilitar su inserción en la sociedad.

Que uno de los primeros encuentros con legisladores de su partido esté consagrado a este tema, revela la importancia que le asigna el Presidente. La reunión se concreta días después que una carta de Oscar Arias -presidente de Costa Rica- a Mujica, disparó el debate sobre la utilidad de las Fuerzas Armadas. Su disolución, como planteó el gobernante centroamericano, está lejos de los planes de Mujica y de buena parte de su grupo político. La incorporación de las Fuerzas Armadas a la sociedad tal vez se relacione con el trasnochado escenario planteado por el ex ministro de Defensa durante la administración de Tabaré Vázquez, José Bayardi, actual diputado, quien afirmó al semanario Brecha que “En Uruguay está planteada como estrategia lo que se llama la ‘organización de la resistencia nacional´. Esta presupone la guerra de todo el pueblo” ya que el ejército uruguayo “puede resistir poco (unas 24 o 48 horas), en un momento se desdobla y pasa a ser una fuerza irregular y lleva adelante lo que se llama una ‘guerra de guerrillas’ contra el ocupante. En ella los cuadros militares son los que tienen la capacidad de conducir la resistencia organizada de todo el pueblo, para lo que, obviamente, éste tiene que estar preparado”.

Mano dura

Si la visión sobre las Fuerzas Armadas que sostiene el gobierno se aleja de la propia, de una sensibilidad de izquierda, más distante aún aparece el proyecto del diputado del MPP, Víctor Semproni, que establece la posibilidad de internar a las víctimas de adicciones, aún contra su propia voluntad.

El proyecto de ley del legislador no fue tomado por la bancada de su sector, pero su inspiración netamente represiva, tiene el antecedente de declaraciones de Mujica en las que afirmaba que los drogadictos deberían recibir instrucción militar, como “terapia” para su problema. Una de las disposiciones de la iniciativa legal de Semproni que generó más alarma, es el amplio abanico de personas que podrían solicitar ante un juez de familia la reclusión: hasta un vecino podría hacerlo, aunque no hubiera sido afectado por el comportamiento del adicto. El proyecto de ley se centra en la necesidad de proteger a los miembros del entorno del adicto, apartando a esta persona problemática, pero despreocupándose de la suerte de éste, y hasta propiciando una más que probable vulneración de sus derechos. “Defender a la familia” es la premisa de su propuesta según Semproni, que con tal noble objetivo en la mira no repara en los medios para conseguirlo.

El consumo de drogas no está penalizado en Uruguay, pero el comportamiento del adicto siempre ha estado vinculado socialmente a la comisión de delitos, extremo que las estadísticas desmienten. La influencia se disparó a partir del incremento en el abuso de la pasta base, droga destructora como pocas, que genera una rápida y fuerte adicción, aunque ningún placer a quien la consume. El drama de las familias de los adictos no encuentra respuesta adecuada en ninguna instancia institucional, según se han cansado de denunciar públicamente, y es atendiendo a sus reclamos que Semproni hizo su propuesta. El problema es que en la ley que redactó no hizo diferenciación alguna en cuanto a "drogas duras o fumarse un porro", estableciendo una equivalencia absurda.

Las críticas al planteo de Semproni partieron hasta desde el mismo Poder Ejecutivo. El secretario ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, sostuvo que “desearía que hubiese un debate conceptual a partir de algunas premisas que contuvieran algún tipo de evidencia científica, o algún componente de buenas prácticas. Yo no me animaría a opinar sobre el programa de trazabilidad del ganado, porque no sé un pito”. Y agregó: “No es que convenga asesorarse con Romani, sino con la Cátedra de Psiquiatría, con la Facultad de Psicología, con la gente de los centros de tratamiento. Es decir, acumular información basándose en la gente que está hace muchos años en el barro”. El coordinador de El Abrojo, una organización que en Montevideo se ocupa de esta problemática, opinó que “el mundo entero está de vuelta con el enfoque de internar a las personas contra su voluntad para el tratamiento de cualquier enfermedad, porque el principal socio de cualquier proyecto terapéutico es el usuario”.

Tampoco es realista pretender -como lo hace el proyecto- que el sistema judicial pueda absorber la demanda que se generaría. Reunir un equipo multidisciplinario para que en un plazo de 24 horas examine a la persona denunciada, y una semana después tenga pronto un diagnóstico, con resultados de análisis toxicológicos incluidos, es sencillamente inviable.

Otro aspecto de la cuestión es dónde se internaría a esos “sujetos problemáticos”, como los denomina la ley, ya que no sobran los establecimientos especializados para recibirlos, al menos que se trate simplemente de depositarlos en un lugar donde sean inofensivos, y se los termine confinando en una cárcel superpoblada.

Los especialistas remarcan además, que la internación no es efectiva, pues de cada cien personas que se internan, menos de 20 terminan su tratamiento. De estos últimos, el 60 por ciento recae al mes de egresar del centro de internación y el 90 por ciento al año.

La complejidad del problema excede las posiciones simplistas como la de Semproni, quien ya había provocado malestar en la interna frenteamplista cuando propuso el servicio militar obligatorio.
La opción represiva presente en ciertos elementos del MPP en torno a varios temas, provocará seguramente fricciones con los demás grupos del Frente Amplio durante este período de gobierno.

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