Carolina del Sur prometió auditar a todos los empleadores

Carolina del Sur prometió ser implacable en las auditorías que realizará a los empleadores evitando que se infrinja la ley que prohíbe contratar indocumentados. Desde el 1 de Julio todas las empresas que tengan menos de 100 empleados y pertenezcan al 90% de las pequeñas empresas en Estados Unidos, tendrán que verificar el estado migratorio de sus trabajadores.

Esta legislación no es nueva, pero Carolina del Sur se lo ha tomado en serio y hará efectiva la necesidad de utilizar el programa E-Verify, además de exigir una licencia de conducir del estado en el que reside el postulante y el seguro social válido. El costo de infringir esta ley es de miles de dólares, y el Departamento encargado de hacer cumplir esta normativa legal es el de Trabajo, Licencias y Regulación (LLR por sus siglas en inglés).

¿Qué pasa si ya hay contratados trabajadores indocumentados? Todas las empresas están obligadas a exigir los papeles a sus trabajadores, y comprobar que su seguro sea social válido, caso en el que deberá despedirse de inmediato a quienes tengan la calidad de “inmigrantes indocumentados”.

Auditorías en Carolina del Sur

Las auditorías comenzaron en el 2009, bajo el formato de “redadas silenciosas”, pues se escogía al azar una compañía (de más de 500 empleados), y auditaba por completo. El resultado de esta búsqueda incesable fue satisfactorio según las autoridades, ya que el LLR señaló el 92% de la empresas que fueron sometidas a una auditoría cumplió a cabalidad la norma. El ejemplo de lo que puede ocurrir si se quiebra la ley quedó claro con una empresa de jardinería, la que poseía 11 indocumentados trabajando de forma ilegal y por tanto compelida a pagar una multa de $11,500, más el cierre por 10 días.

Las empresas que más se van a ver inspeccionadas, son aquellas que correspondan a los sectores de agricultura, hotelería, gastronomía, construcción y jardinería.

Efectos de la ley y las auditorías

Como en la mayoría de las ocasiones, una ley que permite auditar a las empresas por la condición de los trabajadores que posee, genera pánico ante la desinformación, según lo señaló Evelyn Lugo – presidenta de la Cámara de Comercio Hispana en Greenville – y por lo tanto es misión de los dueños el conversar el tema con los abogados, contadores y encargados de recursos humanos antes de tomar decisiones apresuradas.

Uno de los efectos indeseados de este tipo de normativas, es la segmentación racial que puede hacerse por medio de “denuncias”, las que siempre irían sindicadas contra algún trabajador hispano que esté desempeñando una labor. Esta idea no es rebuscada si se considera que la LLC dispuso de un teléfono habilitado 24 horas al día a recibir denuncias de quienes “sospechen” de inmigrantes indocumentados en un trabajo ¿Acaso no parece familiar a la Ley Arizona?

El miedo en Carolina del Sur embarga a muchos latinos, pues en el 2011 se espera comience esta localidad una iniciativa legal similar a la ley SB 1070, la que obligará a las fuerzas de orden y seguridad a detener a todo aquel que levante “sospecha” de ser indocumentado, así como obligará que se coordinen los esfuerzos con el Servicio de Inmigración y Aduanas. Actualmente en Carolina del Sur viven 183 mil hispanos, de los cuales el 70% son de origen mexicano.

Según el Centro Hispano Pew, 80 mil hispanos en Carolina del Sur no tienen documentación para vivir legalmente en Estados Unidos.