Dina Boluarte: de acusada a acusadora

El viernes 8 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesionará teniendo como uno de sus puntos de agenda continuar con el proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte, quien a través de su defensa legal ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que suspenda dicho trámite en su contra.

Esto luego de que la Comisión Permanente aprobara el pasado viernes 1 de julio otorgar 15 días de plazo a la subcomisión para que presente su informe final sobre la denuncia contra Boluarte por presuntamente haber realizado gestiones para el Club Departamental Apurímac, una entidad privada, cuando ya desempeñaba un cargo público.

Se sabía que la subcomisión tenía previsto responder el martes 5 al oficio que solicitaba información sobre los detalles del procedimiento contra Boluarte, observaciones sobre el pedido de la vicepresidenta ante la CIDH y cualquier información adicional que se quiera transmitir a este organismo internacional.

Como se recordará, Boluarte presentó su demanda ante la CIDH el 7 de junio; el 30 de junio, la entidad pidió a la cancillería peruana remitir información del caso; y el 1 de julio, la procuraduría trasladó el requerimiento a la subcomisión.

Hasta el momento, no ha habido respuesta de la subcomisión, pero todo hace suponer que el grupo de trabajo del Congreso defenderá la labor del fuero parlamentario, indicando que se está dando trámite a la denuncia constitucional conforme a reglamento y, por lo tanto, no se puede restringir la facultad constitucional del Parlamento para fiscalizar.

En lo referente a la sesión del viernes, la presidencia de la subcomisión dará cuenta a los miembros del grupo sobre el pedido de Boluarte ante la CIDH, lo que podría generar pronunciamientos desde las bancadas.

¿Qué pasará con el pedido a la CIDH?

En la denuncia presentada ante la CIDH, la defensa legal de Boluarte argumenta que no fue notificada adecuadamente, que a partir de ello se vulneró el debido proceso al no poder ejercer oportunamente su defensa, que legisladores han adelantado opinión, que el Congreso tiene planificado inhabilitar a Boluarte a más tardar este viernes 8, que en el Perú no hay marco legal de agotar la vía interna y que incluso esto sería ineficaz.

Sin embargo, los entendidos en el tema sostienen que el pedido ante la CIDH es bastante prematuro, pues aún falta que Dina Boluarte ejerza su derecho a la defensa y tampoco es seguro que la votación en el Congreso le sea adversa. Este es un proceso que recién inicia y aún hay varias etapas por las que tiene que pasar.

Antes, Boluarte podría acudir a la justicia del Perú, pero en estos momentos no habría motivo para que el Poder Judicial se pronuncie. Tendría que haber una vulneración al debido proceso, la legítima defensa, para que pueda proceder una acción de amparo o medida cautelar.

El sistema de justicia supranacional se pronunciaría después de que en sede nacional se hayan agotado todos los recursos posibles, siendo un único motivo la evidencia de que en el país no haya garantías de imparcialidad y objetividad judicial.

En conclusión, lo máximo que podría hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, es recomendar que se cumpla con el debido proceso o se agote la vía interna. En el peor de los casos, invocar al Congreso de la República que cumpla con el debido proceso.