Petroperú va generando este año un gasto de S/9,000 millones a los peruanos
Analistas sugieren que la apertura a capitales privados podría dotar a Petroperú de la eficacia de la que hoy carece.
Analistas sugieren que la apertura a capitales privados podría dotar a Petroperú de la eficacia de la que hoy carece.
Petroperú va generando un gasto al país de S/9,000 millones (US$2,250 millones) en lo que va del año, y todo apunta a un problema en la petrolera: desconfianza y problemas para comprar combustible, que se vienen sintiendo ya en los últimos días, los mismos que han hecho necesario que el Gobierno le arroje nuevamente un salvavidas a la compañía para evitar que el mercado peruano quede desabastecido.
La ayuda consiste en un decreto de urgencia que permitirá a la empresa estatal recibir S/4,000 millones (US$1,000 millones) para ponerse al día con los pagos a sus proveedores. Además, la norma también aprueba una garantía del Gobierno Nacional para que esta pueda endeudarse por US$500 millones para así poder comprar el combustible. Sin embargo, el financiamiento no llega gratis, sino con una serie de compromisos que se le exigirían a la petrolera para fortalecer su gobernanza, institucionalidad y situación financiera.
¿Cuáles son los compromisos?
El mencionado fortalecimiento que se le pedirá a la petrolera implicará, según el decreto, que en un plazo de 90 días contrate a una consultora internacional especializada para elaborar un plan de reestructuración para reforzar la gobernanza y sostenibilidad financiera, el mismo que debería presentarse, a más tardar, el 31 de julio del siguiente año.
Además, la empresa tendrá 30 días hábiles para presentar ante la Junta General de Accionistas un compromiso escrito que garantice el abastecimiento de combustibles.
De similar forma, tendrá 11 meses para modificar su estatuto social para reforzar los principios de buen gobierno corporativo según los lineamientos del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial (Fonafe).
La compañía también deberá comprometerse a que, en no más de 12 meses, realizará la valorización de la empresa y acciones preparatorias para una oferta pública de acciones en el marco de la ley que declara de necesidad pública el Proyecto de la Modernización de la Refinería de Talara.
La cuestión del Fonafe
Al respecto, el economista y expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, explicó que, si bien el aporte de capital era necesario para la empresa, hay requerimientos que se han hecho que no tendrían el resultado esperado. Un ejemplo de ello sería el pedido de seguir los lineamientos de Fonafe, pues lo que se necesitaría es que la compañía ingrese al régimen de esa institución y no solo seguir lineamientos de forma externa.
Petroperú no se encuentra dentro del Fonafe, pero si ingresara a este fondo, contaría con una especie de supervisor que ayudaría a colocar a los directores.
La junta de accionistas de Petroperú está conformada por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía. Pero ninguno de los dos ministros tiene tiempo para dedicarse a Petroperú, pues afrontan muchos problemas coyunturales. Consecuentemente, lo que hay en la empresa es una junta de accionistas que está ausente. Estar dentro del Fonafe sería tener un accionista que estaría más presente o que tendría más control porque la máxima instancia de Gobierno es la junta de accionistas.
Capital privado
En cuanto al pedido a Petroperú de que realice acciones preparatorias para una oferta pública de acciones (OPA) y la posibilidad de que ingrese capital privado, la realidad de Petroperú sería poco convincente. Para Paredes, el problema estaría en los inversionistas privados, que buscarían gerencia de privados y lograr eso durante el gobierno de turno sería poco probable.
Anthony Laub, experto en derecho minero-energético y socio de la consultora LQG, sugiere cinco medidas para salvar a la petrolera. Estas consistirían en remover el directorio y poner a profesionales con perfil financiero y experiencia en salvataje de empresas en crisis, lograr la apertura del capital de Petroperú para el ingreso de actores privados y establecimiento de un fideicomiso para que los recursos para la compra de combustibles y operaciones esenciales de la empresa estén controlados.
También consideró que debería contratar una gerencia que pueda navegar durante la crisis y una auditoría bianual a cargo de un tercero y no de la propia administración de la empresa.