El mal uso que algunos patrocinadores vienen dado a la visa J-1, otorgada a estudiantes que desean viajar a Estados Unidos, es en la actualidad, una problemática que el Departamento de Estado está comenzando a atender, con la creación de nuevas normativas, ante la gran cantidad de denuncias formuladas por jóvenes que han sido engañados, y han terminado trabajando en puestos mal remunerados, o hacinados en viviendas sin condiciones mínimas, entre otras denuncias aun más graves, según se desprende de una exhaustiva investigación realizada por la agencia de noticias internacionales Associated Press.

Con el anzuelo de empleos seguros y la oportunidad de viajar al país de sus sueños, más de 100.000 jóvenes universitarios atienden las promociones de visas J-1 como parte de programas cuyo propósito es “estrechar lazos culturales con otros países”, concluye la investigación.

Primero falsas promesas, y después, amenazas

Estos jóvenes hacen ingentes esfuerzos para reunir dinero que pagan a los reclutadores, para que los coloquen, y al llegar a Estados Unidos se encuentran con que no tienen el empleo ofrecido, o terminan aceptando trabajos serviles por pagos insignificantes. Los afectados también deben cancelar cifras exorbitantes por un puesto en algunos de los apartamentos que les ofrecen, viviendas por lo general sucias y tan saturadas, que los jóvenes tienen que turnarse para dormir.

Ante esta situación las respuestas suelen ser amenazas de deportación o desalojo inmediato. Algunos estudiantes se arriesgan a robar alimentos y otros artículos para cubrir sus necesidades básicas.

A pesar de lo que dice el Estado, abundan los testimonios

Por su parte el Departamento de Estado, a través de una comunicación con la agencia AP, afirma que “la gran mayoría de los participantes en este tipo de programas, lo cataloga como una buena experiencia, y retornan satisfechos a sus países de origen”.

Sin embargo, algunas investigaciones apuntan al hecho de que no es difícil encontrar excepciones. La misma agencia AP, entrevistó a más de 70 estudiantes en 10 estados del país, que expresaron sentirse decepcionados y molestos. Además se hicieron entrevistas a las autoridades locales, activistas de derechos humanos, y agencias de servicio social, se revisaron informes y registros confidenciales y algunos casos judiciales. Algunos testimonios señalan frases como “me trataron muy mal, jamás volveré”, o “no es lo que esperábamos cuando pagamos todo ese dinero para viajar hasta acá”.

Algunas autoridades sí reconocen el problema con las visas J-1

Según Terry Coonan, ex fiscal y director del Centro para el Avance de los Derechos Humanos, órgano adscrito a la Universidad de Florida, el país ha fracasado masivamente en el intento de controlar los programas de visas temporales, en especial la visa J-1.

Por su parte el subdirector adjunto de seguridad nacional para la Agencia de Inmigración y Aduanas, John Woods, informó a AP, que habían por lo menos dos investigaciones federales en trámite, sobre tráfico humano relacionadas con la visa J-1, sin aportar más detalles.

Fue en el transcurso del 2010, cuando el Departamento de Estado logró registrar apropiadamente el número de denuncias, ya que hasta el momento, ha delegado la supervisión de estos programas a las mismas compañías que patrocinan a los estudiantes.

Trabajadores temporales, un negocio rentable

Las ganancias para estas empresas representan millones de dólares así como para los reclutadores laborales. Las compañías que dan empleo a los jóvenes extranjeros, pueden ahorrarse hasta un 8%, dado que no tienen que hacer aportes a los sistemas médicos, ni a la Seguridad Social o por concepto de impuestos.

Uno de los requisitos que los estudiantes deben cumplir para ser favorecidos con la visa J-1, es la compra de un seguro médico antes del ingreso, de forma que el empleador no tenga que hacerse cargo de ese gasto.

Los casos más graves

Muchos bares de espectáculos con desnudistas y otras empresas de entretenimiento para adultos, solicitan abiertamente trabajadoras con visas J-1, pese a que las leyes prohíben a los estudiantes, aceptar empleos “que puedan afectar la reputación del Departamento de Estado”.

Otros jóvenes son reclutados para traficar dinero, o sus identidades usadas para fraudes millonarios relacionados con la evasión de impuestos a la renta. Los peores casos tienen que ver con esclavitud sexual.

Las autoridades dicen que es difícil llegar a concluir este tipo de procesos judiciales, pues los jóvenes permanecen solo un mes en el país, y luego viajan de retorno, circunstancia que facilita la explotación y otros delitos.

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