En qué consiste la bancarrota fraudulenta

La bancarrota o quiebra, es una situación jurídica en que una persona natural o jurídica, llega a un punto en que ya no puede hacer frente a compromisos financieros adquiridos, ello debido a que los pasivo exigibles son más grandes que los activos disponibles. Una vez que ha sido declarada judicialmente la quiebra, se procede a realizar un juicio de quiebras donde se examina con qué patrimonio cuenta el deudor para hacer frente a sus obligaciones pendientes (deudas).

La quiebra o bancarrota fraudulenta, se basa en la situación jurídica anteriormente expuesta, pero basándose en hechos provocados de forma intencional que apuntan a la conservación de los activos y la evasión del pago de los pasivos exigibles (deudas con acreedores). Este tipo de conducta antijurídica es conocida comúnmente como “White collar crime”, y perpetrada por ejecutivos de alto nivel y con una muy buena instrucción financiera y jurídica.

Las cuatro formas en que generalmente se presenta una bancarrota fraudulenta son:

1. Los deudores intencionalmente ocultan los activos para evita su confiscación en el juicio de quiebras
2. Los ejecutivos involucrados presentan formularios incompletos de la real situación por la que atraviesa la organización o empresa declarada en quiebra, llegando en algunos casos a presentar documentación falsa
3. La declaración fraudulenta de quiebra se hace efectiva en más de un estado al mismo tiempo
4. Los deudores pueden llegar a sobornar al fiduciario (quien se encarga de administrar la quiebra) designado por el tribunal, para así obtener impunidad de los hechos

La finalidad práctica de una bancarrota fraudulenta es el ocultamiento de los activos que se precisan conservar y la evasión del pago de lo debido a los acreedores, originando así un enriquecimiento injusto o sin causa y lesionando el derecho del acreedor por obtener lo que le corresponde. El ocultar los activos es un elemento intrínseco del 70% de las bancarrotas fraudulentas, llegando a casos en que para alejar éstos de los acreedores en el juicio de quiebras, se traspasan previamente a amigos, conocidos o terceras personas volviéndolos imposibles de localizar luego, situación que se conoce como “preparación de una quiebra”.

Lamentablemente esta artimaña y mala práctica jurídica se ha convertido en un arma de comisión de ilícitos en Estados Unidos, originando así lo que se conoce como “petition mill” o fábrica de peticiones de bancarrota. Esta práctica consiste en el ejercicio de estafadores que se hacen pasar por asesores de inquilinos que no pueden pagar la renta, y que dilatan el desalojo de la propiedad declarando a éstos en bancarrota y cobrando en el proceso una cantidad increíble de dinero, a modo de honorarios, y vaciando los ahorros del inquilino y puntaje crediticio.

La bancarrota fraudulenta está penada por la ley y constituye un delito penal que necesita de pruebas que dejen de manifiesto hubo una intención deliberada por distorsionar la información y obtener ganancias a partir de ello sin una causa legal justificada. Las penas establecidas llegan hasta los cinco años e incluyen multas de $250,000 o más, dependiendo de los activos involucrados y pasivos involucrados.