Pedro Castillo y los ascensos militares
Patricia Benavides, fiscal de la Nación, considera que existen evidencias para abrir una investigación al presidente Castillo por ascensos irregulares del año pasado.
Patricia Benavides, fiscal de la Nación, considera que existen evidencias para abrir una investigación al presidente Castillo por ascensos irregulares del año pasado.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió incluir al presidente Pedro Castillo en las investigaciones por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en 2021.
La fiscal considera necesario que Pedro Castillo responda por este caso, pese a encontrarse en funciones, debido a los elementos que lo vinculan con hechos ilícitos que llevarían a suponer que dirigiría una organización criminal.
Benavides considera que el jefe de Estado puede ser investigado preliminarmente teniendo en cuenta que el artículo 117 de la Constitución, solo prohíbe acusarlo constitucionalmente.
El mandatario peruano se vio implicado en una trama de corrupción tras las denuncias del excomandante general del Ejército Peruano, José Vizcarra, y el excomandante general de la Fuerza Aérea (FAP), Jorge Chaparro, que denunciaron que el Ejecutivo, a través del presidente, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el exministro de Defensa Walter Ayala, trataban de beneficiar a determinados oficiales cercanos al presidente.
En enero de 2022, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso abrir investigación contra Castillo por este caso; sin embargo, ordenó su suspensión hasta que concluya su mandato.
Seis meses después, la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, determinó que, debido a la información recabada en esta carpeta fiscal, es necesario ampliar las diligencias contra el presidente en funciones, pero por el delito de organización criminal y por 36 meses, señalando como inicio del plazo de investigación noviembre de 2021.
Cabeza de una organización criminal
La primera vez que Castillo fue implicado en este caso la fiscalía determinó que los presuntos delitos por los que debía ser investigado serían tráfico de influencias agravado o patrocinio ilegal. Sin embargo, la fiscal de la Nación ha concluido que de los actos de investigación practicados a la fecha se ha determinado que los implicados habrían actuado en el marco de una organización criminal liderada por el mandatario.
La fiscal Benavides describió los hechos como un “requerimiento irregular” a los excomandantes Vizcarra y Chaparro para ascender a generales a los oficiales Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama, en el Ejército Peruano; y a Edgar Briceño, Carlos Castillo y Herbert Vilca, en la Fuerza Aérea. Ello, sin tener en cuenta las normas y procedimientos existentes en relación a los ascensos al interior de dichas instituciones.
Fundamentos para una investigación
Para sustentar su decisión, la Fiscalía de la Nación ha tomado en cuenta sentencias del Tribunal Constitucional que en diversas resoluciones ha establecido que la lucha contra la corrupción es un principio y mandato constitucional que debe orientar la actuación del Estado y que se desprende de los artículos 39 y 41 de la Constitución.
Por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción precisa que cada Estado debe adoptar las medidas necesarias para mantener un equilibrio apropiado entre inmunidades y prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios para prevenir, detectar y castigar la corrupción de los mismos.
Benavides Vargas consideró que, de ninguna manera, puede interpretarse que la Constitución, en su artículo 117, establezca un régimen de inmunidad que signifique absoluta libertad del presidente de la República para cometer actos delictivos.